Desde la Procuración, confirman que La Plata marcha al tope de las estadísticas. Pero que el crecimiento es un blanqueo, a partir de un fallo rector de la Corte
El flagelo de los pibes en conflicto con la ley se dirime entre frases resonantes y escasas soluciones. El anuncio oficial para implementar las patrullas juveniles desató el alerta al interior del cuerpo de defensores del Fuero Minoril, porque consideran que ahora la Policía podrá salir de la “mordaza” del fallo rector dictado este año por la Suprema Corte bonaerense, que prohíbe a los uniformados detener a menores por averiguación de antecedentes y merodeo. Según los defensores, con el sistema de patrullas que se avecina retornará la actividad policial sobre los que se denominan menores con vulneración de derechos en la vía pública.
Los especialistas del fuero señalan que La Plata “se encuentra al tope de las estadísticas de delitos cometidos por menores porque el juez (Luis) Arias prohibió detener chicos por averiguación de identidad o contravenciones. Así, toda detención representa una causa judicial por un delito”. Las estadísticas de la Procuración General de Justicia provincial, a las que accedió Trama Urbana, reflejan el impacto que causa la prohibición de detener menores por motivos discrecionales y lo que ocurre con la cifra blanca de delitos en La Plata, sin perjuicio de que el delito sigue en aumento: en 2008 la cifra negra era 60% superior a la cifra blanca que cayó por la prohibición.
¿Patrulleros repintados?
Al respecto, el ministro de Justicia bonaerense Ricardo Casal habla de “una delgada línea” entre un pibe “en vulneración de derechos” y un pibe en “situación de delitos”. De allí que los defensores oficiales consideran que la intención del Ejecutivo es, a través del mecanismo de las patrullas, “devolverle las facultades a la Policía pintando los móviles de otro color”, pero que los saque del incómodo lugar que los dejó el fallo de la Corte al contrarrestar otro de la Sala I de la Cámara Penal de La Plata.
El cuadro estadístico de la Procuración indica cómo la prohibición de detener menores por motivos discrecionales (averiguación de identidad, contravenciones) genera un traslado de la cifra negra hacia la cifra blanca en los años 2009/2010
en delitos sin ninguna trascendencia. Esa mirada también es compartida por otros fiscales y jueces del fuero minoril: el blanqueo implica un control judicial del 60% de los menores que en 2008 nunca pasaba por el Poder Judicial, siendo un volumen que, como señalan los especialistas, “se lo tragaba la nada”; porque los pibes pasaban por comisarías, centros de ubicación y alcaidías sin que nadie se entere.
El sistema penal juvenil, con la ley 13.634, permitió regularizar esas situaciones, y por eso la Suprema Corte avaló la necesidad del control judicial de los actos policiales, al comprender la complejidad y profundidad del asunto. En ese fallo, del que dio cuenta Trama Urbana en exclusiva, el máximo tribunal bonaerense sentenció, precisamente, que los menores Luciano Arruga y Walter Bulacio desaparecieron por no tomarse en serio estos mecanismos de detención por contravenciones y “doble A”.
El fallo de la Corte provincial consintió el hábeas corpus resuelto por el juez Luis Federico Arias, exhortando a la Sala I de la Cámara platense a avalarlo. Los ministros advirtieron en su sentencia que, si no avalaban lo resuelto por el juez Arias, el sistema penal juvenil sólo iba a trabajar con el 40% de las detenciones que se producían en la vía pública -tal como ocurría en 2008-, y el resto iba a pasar por decisión meramente policial.
Ahora, en La Plata, la Policía trabaja con toda detención por dentro de la ley Penal Juvenil. Y así, según explican desde el fuero, “crece” el delito.
Las reglas internacionales de Beijing y Riad
El cuerpo de defensores oficiales que depende de la Procuración elaboró un documento en el que indica que la Policía juvenil es una figura que contempla las reglas internacionales de Beijing y Riad para la prevención juvenil, pero únicamente para contener a niños en la vía pública, pues la llamada Policía ordinaria no está preparada para eso.
Para los magistrados, serían útiles si trabajan en función de esas convenciones, firmadas en las ciudades de Beijing, en 1985, y de Riad, en 1990, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, en congresos sobre delincuencia juvenil.
fuente: http://www.diariohoy.net/
21:07
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